MSc. Hugo Salvatierra Rivero
Periodista y docente universitario
Luego del turbulento escenario político generado por las recientes elecciones presidenciales en Bolivia, es oportuno reflexionar sobre el fenómeno del voto fragmentado y su significado para nuestra democracia. El electorado boliviano, a través de su voto, envió una señal clara y contundente: no desea más caudillismos autoritarios ni la concentración absoluta del poder en una sola fuerza política.
El resultado electoral, que impidió que alguno de los candidatos alcanzara la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa Plurinacional, puede entenderse como una muestra de la madurez política del pueblo boliviano. Este voto fragmentado actúa como un “autocontrol” sobre el poder, limitando la posibilidad de que un solo partido político consolide un dominio absoluto, una práctica que hemos visto con preocupación en gobiernos anteriores.
Como han señalado destacados constitucionalistas bolivianos, el hiperpresidencialismo en nuestra región se traduce en un control excesivo sobre los órganos del Estado y en la búsqueda de mayorías legislativas que permitan modificar leyes y hasta la Constitución sin diálogo ni consenso. En este sentido, el pueblo parece haber aprendido la lección: el voto dividido es una estrategia para evitar la aparición de “reyezuelos” que concentren el poder sin contrapesos.
La fragmentación del voto también refleja una voluntad clara de distribuir la autoridad entre el Ejecutivo y el Legislativo, fomentando un equilibrio que exige negociación y pacto político. Lejos de ser un signo de debilidad, esta realidad obliga a la clase política a dialogar, a consensuar leyes y decisiones fundamentales para el país. Este modelo de “democracia pactada” puede presentar dificultades y lentitudes, pero es un mecanismo saludable que previene la imposición unilateral y protege el sistema democrático.
El cansancio ciudadano ante dos décadas de gobierno autoritario del MAS se tradujo en un voto que abre las puertas al equilibrio de poderes. La oposición recupera así su rol fiscalizador y limitador, lo que impide excesos y garantiza un contrapeso necesario para evitar el abuso de poder.
En conclusión, aunque pueda generar cierta incertidumbre, la fragmentación política es una expresión de la responsabilidad ciudadana que busca un gobierno con capacidad, pero también con límites. El pueblo boliviano ha votado para gobernar, sí, pero también para controlar al gobierno. Ese es el camino hacia una democracia más sólida, plural y participativa.
