Introducción (Por primer artículo)
La verdad material se erige como un fundamento clave en la justicia y la principalmente la práctica procesal, trascendiendo la mera evaluación de consistencia entre acusaciones y fallos o la relación directa entre las pruebas presentadas y las decisiones judiciales. Este principio se enfoca en revelar la esencia real detrás de un acto delictivo, con el objetivo de determinar los hechos tal como sucedieron.
A diferencia de sistemas judiciales que priman la adherencia a normativas establecidas, subrayando la verdad formal, la práctica procesal en el ámbito judicial y administrativa en Bolivia, se inclina hacia el desvelamiento de la realidad intrínseca de cada caso, subrayando la necesidad de comprender de manera exhaustiva y basada en hechos cada situación legal.
No obstante, este enfoque puede no siempre iluminar completamente la verdad del caso en cuestión. Ante este desafío, es necesario visibilizar la importancia de perseguir la verdad material en los procedimientos tanto judiciales como administrativos, trascendiendo los límites de la coherencia interna en favor de una exploración más profunda de los hechos.
Es ineludible que la búsqueda de la verdad material se entrelace estrechamente con el principio de debido proceso y la evaluación adecuada de las pruebas. Una interpretación errónea o manipulación de las evidencias puede oscurecer la verdad material, llevando a veredictos injustos, sean absoluciones o condenas. Así, el sistema jurisdiccional se ve en la necesidad de enfatizar la valoración precisa de las pruebas para asegurar que estas reflejen con la mayor veracidad posible la realidad de los hechos ocurridos.
Tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional, como el Órgano Judicial, incluyendo las autoridades administrativas que resuelven recursos administrativos, tienen la tarea de fundamentar sus decisiones en base a este principio a través del desarrollo jurisprudencial mediante sus resoluciones, que se establece como un objetivo en sí del proceso, por lo que encontrar dicha verdad es la tarea llamada a ejercerse por parte de los operadores de justicia en todos sus niveles y jerarquías.
En ese sentido, el presente trabajo analiza los criterios y conceptos que desarrolla la norma y la doctrina referente a la verdad material y de qué manera la jurisprudencia lo aplica como principio rector del derecho procesal.
Abstract
Material truth stands as a key foundation in justice and primarily procedural practice, transcending the mere evaluation of consistency between accusations and rulings or the direct relationship between the evidence presented and judicial decisions. This principle focuses on revealing the real essence behind a criminal act, with the objective of determining the facts as they happened.
Unlike judicial systems that prioritize adherence to established regulations, emphasizing the formal truth, procedural practice in the judicial and administrative sphere in Bolivia is inclined towards the revelation of the intrinsic reality of each case, emphasizing the need to understand comprehensive and fact-based approach to each legal situation.
However, this approach may not always fully illuminate the truth of the case at hand. Faced with this challenge, it is necessary to make visible the importance of pursuing the material truth in both judicial and administrative procedures, transcending the limits of internal coherence in favor of a deeper exploration of the facts.
It is unavoidable that the search for material truth is closely intertwined with the principle of due process and the adequate evaluation of evidence. A misinterpretation or manipulation of evidence can obscure the material truth, leading to unjust verdicts, whether acquittals or convictions. Thus, the jurisdictional system sees the need to emphasize the precise assessment of evidence to ensure that it reflects as truthfully as possible the reality of the events that occurred.
Both the Plurinational Constitutional Court and the Judicial Branch, including the administrative authorities that resolve administrative appeals, have the task of basing their decisions based on this principle through jurisprudential development through their resolutions, which is established as an objective in itself of the process, so finding said truth is the task called upon to be carried out by justice operators at all levels and hierarchies.
In that sense, this work analyzes the criteria and concepts developed by the norm and doctrine regarding material truth and how jurisprudence applies it as a guiding principle of procedural law.
- Palabras claves: Verdad Material, Verdad Jurídica, Debido Proceso, Constitución Política del Estado, Jurisprudencia Constitucional.
- Keywords: Material Truth, Legal Truth, Due Process, Political Constitution of the State, Constitutional Jurisprudence.
- Introducción: Concepto de Verdad Material
La verdad material es un importante principio del derecho procesal, que asegura que los administradores de justicia puedan garantizar la aplicabilidad de la jurisprudencia y la doctrina. El propósito principal del mismo es asegurar que el sistema legal se base en hechos y pruebas, y no en opiniones o especulaciones.
Así mismo, este principio juega un papel crucial en el campo legal, pues sirve como salvaguardia contra los prejuicios y la injusticia al proporcionar un mecanismo para garantizar que los administradores de justicia puedan tomar decisiones basadas en información confiable. De igual manera, también ayuda a garantizar que los ciudadanos reciban un trato justo de acuerdo con los principios y procedimientos legales establecidos tanto en normas jurídicas ordinarias, como en el marco constitucional.
En el ámbito jurídico, se refiere a la idea de que los hechos presentados en un proceso judicial o administrativo que deben corresponder a la realidad de la situación; en otras palabras, este principio exige que la prueba presentada ante el tribunal refleje fielmente los hechos ocurridos, sin distorsión ni manipulación. Esto es esencial para garantizar la equidad y la justicia en los procesos judiciales y, por lo tanto, es muy valorado en el campo legal.
No se puede subestimar la importancia de la verdad material en los procedimientos legales, pues la precisión de la evidencia presentada es crucial para que los administradores de justica tomen decisiones basadas en información para que cuyo alcance sea lo más fidedigno y de esa manera, se puedan elaborar veredictos justos. Si los hechos presentados son inexactos o incompletos, puede conducir a resultados injustos y socavar la integridad del sistema legal.
Existen varios métodos para garantizar la verdad material en el ámbito jurídico. Uno de esos métodos, por ejemplo, es el principio de impulso de oficio, que requiere que los jueces investiguen activamente y reúnan pruebas para garantizar que se presenten todos los hechos relevantes para el caso.. Este precepto sostiene que las autoridades pertinentes, ya sean jueces o organismos administrativos, tienen el deber intrínseco de impulsar y llevar adelante los procedimientos de manera autónoma, sin requerir la activación por parte de los sujetos involucrados en el litigio. La esencia de este principio radica en la obligación de la autoridad de asegurar la continuidad y el desarrollo del proceso hacia su conclusión, reflejando el interés público por una justicia pronta y eficaz.
Más allá de la mera gestión procesal, el impulso de oficio representa una manifestación del sistema legal enfocado en la diligencia y la justicia, alejándose de los modelos tradicionales donde el avance del proceso depende exclusivamente de la iniciativa de las partes.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo, se abarca desde la promulgación de la CPE del 2009 y demás normas jurídicas de carácter procesal, que reconocen a la verdad material como principio jurídico. Para ello, se emplearon enfoques metodológicos adaptados a la naturaleza documental y analítica de la investigación
- MODELO: La investigación adoptó un modelo descriptivo-analítico, que analiza aquellas vértices y aristas en las que la verdad material debe aplicarse en el ámbito procesal.
- TIPO: Se clasificó como jurídico-descriptivo, con un enfoque específico en desglosar y evaluar los mecanismos y criterios jurisprudenciales de la verdad material en el ámbito del derecho.
- MÉTODO: Se optó por un método cualitativo basado en el análisis documental, fundamentado en la evaluación de documentos, que incluye el examen de leyes importantes, estudios académicos, reportes de entidades de jurisdiccionales, y trabajos sobre la verdad material. Esta técnica permite obtener un entendimiento detallado de las normativas legales sin la necesidad de recolectar testimonios personales mediante entrevistas.
- MATERIALES: Se analizaron documentos clave como la Constitución Política del Estado, la ley No 2341 de Procedimiento Administrativo, ley No. 439 Código Procesal Civil Boliviano y la jurisprudencia constitucional del TCP relacionada al principio de la verdad material.
- ANÁLISIS DE DATOS: Para el tratamiento de la información se emplearon técnicas de análisis de contenido, que permitieron identificar patrones, temas y conceptos clave dentro de los documentos y legislación revisada.
- Verdad Material frente Verdad Jurídica
La verdad material y la verdad jurídica son dos conceptos que han estado en el centro de la jurisprudencia durante siglos. La verdad material es un concepto que se refiere a los hechos reales de un caso, mientras que la verdad jurídica se basa en el derecho procesal y sus garantías. Estos dos conceptos a menudo están en conflicto, ya que los administradores de justicia deben equilibrar la verdad material con la doctrina y la jurisprudencia aplicables..
Por ello, podemos inferir que la verdad material busca descubrir los hechos reales, impulsando a jueces y autoridades a una investigación activa para entender la situación objetiva, más allá de las evidencias presentadas. En contraste, la verdad jurídica se enfoca en los hechos reconocidos dentro del proceso legal, enfatizando la importancia de las formalidades y normas establecidas. La labor de jueces y resolutores exige un equilibrio entre estos dos principios, persiguiendo la justicia basada en la realidad de los hechos, a la vez que se adhieren a las normativas procesales para garantizar un trato justo y equitativo a todas las partes. Este enfoque dual asegura no solo la validez legal de las decisiones, sino también su legitimidad moral y social, representando un desafío significativo en la administración de justicia que busca armonizar la objetividad de los hechos con la integridad del proceso legal.
En un contexto jurídico y normativo anterior a la propia CPE y al Código de Procedimiento Civil (2013), el paradigma era precisamente el de aquella verdad que solo podía ser demostrada de manera formal, mediante documentos y títulos jurídicos que bien podían no reflejar la realidad objetiva de una situación legal y social que orbitaba fuera del contexto del proceso en cuestión; esto en definitiva representaba una barrera filosófica de lo que se entendía por “debido proceso”, ya que en virtud a este tipo de prácticas, la justicia podía actuar de manera legal, mas no siempre justa o legitima.
De esta manera, la CPE determina en su Artículo 180., P I., que “la jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez.”
En ese sentido, el debido proceso y la verdad son dos elementos cruciales en el sistema legal que aseguran un trato justo y justicia para todos los individuos. El debido proceso es un concepto legal que garantiza un trato justo y protege los derechos individuales en los procedimientos legales, mientras que la verdad es un factor importante para determinar la culpabilidad o inocencia en los casos legales. Sin embargo, cuando se viola el debido proceso, el proceso de búsqueda de la verdad en los procesos judiciales puede verse comprometido.. Este asegura la protección de derechos y libertades, habiendo evolucionado significativamente tanto a nivel internacional como en jurisdicciones específicas, como Bolivia. Este principio implica procedimientos y salvaguardas que el estado garantiza a sus ciudadanos frente a acciones legales gubernamentales.
En esa misma línea, la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, determina que toda persona tiene derecho al debido proceso como un elemento sine qua nom del mismo y lo manifiesta de la siguiente manera:
ARTÍCULO 4. (DERECHO AL DEBIDO PROCESO). Toda persona tiene derecho a un proceso judicial justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido a disposiciones jurídicas generales aplicables a los que se hallen en una situación similar; comprende el conjunto de requisitos que debe observar toda servidora o servidor judicial en las instancias procesales, conforme a la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos y la Ley
Los ritos y ritualidades exegéticas siempre han formado parte de la cultura en la justicia boliviana, aunque justo decir que esa es una característica propia de la identidad institucional de nuestro país, lo cual se ve reflejado, por ejemplo, en una exagerada burocracia incluso en el ámbito procesal.
No obstante, estas prácticas han demostrado cada vez más en la realidad que no responden a las necesidades contextuales de los sujetos procesales y, por ende, se han descartado en normas como la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo que han incorpora a la verdad material como un elemento esencial del procedimiento administrativo como se observa a continuación:
ARTÍCULO 134. (PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL). La autoridad judicial en relación a los hechos alegados por las partes, averiguará la verdad material, valiéndose de los medios de prueba producidos en base a un análisis integral.
ARTÍCULO 213. (SENTENCIA). I. La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, recaerá sobre las cosas litigadas en la manera en que hubieren sido demandadas, sabida que fuere la verdad material por las pruebas del proceso.
Esto es, en definitiva, un mecanismo para superar no solo los formalismos ritualistas ya mencionados; sino también una exhaustiva manera de encontrar certeza para los ciudadanos, en lo que el estado entiende como la democratización de la justicia y la transparencia del ejercicio de la ley. En este contexto, jueces y magistrados desenlazan la tarea de buscar dicha verdad solo con el fin de permitir que la realidad se sobreponga a lo que perceptivamente puede entenderse como una verdad a medias, siendo el caso de que puede ocurrir que las pruebas dentro de un proceso, no reflejen los hechos que existen o existieron detrás de estas, dejando así una cortina de humo que invisibiliza la objetividad de lo que entendemos por verdad material.
- La aplicación e interpretación de la Verdad Material en la Jurisprudencia
La jurisprudencia, también conocida como teoría jurídica, es el estudio e interpretación de leyes y principios jurídicos. Desempeña un papel importante para garantizar el debido proceso, que es la aplicación justa y coherente de la ley en el sistema de justicia. El papel fundamental de la jurisprudencia es garantizar el debido proceso interpretando y aplicando las leyes, protegiendo los derechos de las personas y permitiendo la evaluación de leyes y decisiones legales.
Por ello es que la jurisprudencia desempeña un papel fundamental para garantizar el debido proceso interpretando y aplicando las leyes de manera justa y coherente. Los principios legales como el estado de derecho, la justicia natural y la equidad procesal son los cimientos del debido proceso; de igual manera ayuda a interpretar estos principios y aplicarlos a casos legales específicos, esto garantiza que todas las personas, independientemente de su origen o estado, reciban el mismo trato ante la ley.
Paradigmáticamente, la literatura jurisprudencial hace el desarrollo de lo que entiende por verdad material en su basta lista de sentencia constitucionales, de las cuales podemos tomar como ejemplo la Sentencia Constitucional Plurinacional 0617/2016-S2 de fecha 30 de mayo de 2016¸ que desarrolla este principio de la siguiente manera:
III.4. El principio de la verdad material
El Tribunal Constitucional Plurinacional, se ha pronunciado sobre los principios Estado boliviano, como es entre otros, el de “la verdad material”, señalando en la SCP 886/2013 de 20 de junio, a ser citada en lo pertinente que: “El principio de ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, se desprende del valor-principio justicia, que es uno de los pilares fundamentales del Estado democrático de derecho y que se encuentra consagrado por el art. 8.II de la CPE, pues en mérito a éste los ciudadanos tienen derecho a la justicia material, así se ha plasmado en el art. 180.I de la CPE, que ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria el de ‘verdad material’, debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, y también a la justicia constitucional.
De este modo se debe entender que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal, no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos”.
Ahora bien, es ineludible que dicha verdad material sea una tarea de control del ejercicio de las autoridades tanto judiciales como administrativas, en el esfuerzo de sobreponer esta realidad objetiva por encima de las formalidades, asunto que no quiere decir o que representa una amenaza a la seguridad jurídica de quienes cuentan formal y legítimamente con mejor derecho, esto dicho dentro del contexto del procedimiento legal o que cuya pretensión este principalmente fundamentada en documentación fidedigna.
Al respecto, la SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0083/2018-S3 de fecha 26 de marzo de 2018, desarrolla criterios de lo que la verdad material debe hacer frente a los formalismos ritualistas que nuevamente, no siempre enmascaran una realidad objetiva escondida:
III.1. Principio de verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal
La SCP 1662/2012 de 1 de octubre referente al principio de verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal precisó: «Entre los principios de la jurisdicción ordinaria consagrados en la Constitución Política del Estado, en el art. 180.I, se encuentra el de verdad material, cuyo contenido implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales. Por ello, aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios y valores éticos consagrados en la Norma Suprema que todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a cumplir, entre ello, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal.
Acorde con dicho criterio, la SCP 0144/2012 de 14 de mayo, estableció: “…la estructura del sistema de administración de justicia boliviano, no pueda concebirse como un fin en sí mismo, sino como un medio para obtener el logro y realización de los valores constitucionales, por otra parte, impele a reconocer la prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo o sobre las formas procesales, que a su vez y en el marco del caso analizado obliga a los administradores de justicia entre otros a procurar la resolución del fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia dejando de lado toda nulidad deducida de formalismos o ritualismos procesales que impidan alcanzar un orden social justo en un tiempo razonable”.
Sobre la justicia material frente a la formal, en la SC 2769/2010-R de 10 de diciembre, se sostuvo lo siguiente: “El principio de prevalencia de las normas sustanciales implica un verdadero cambio de paradigma con el derecho constitucional y ordinario anterior, antes se consideraba el procedimiento como un fin en sí mismo, desvinculado de su nexo con las normas sustanciales, en cambio, en el nuevo derecho constitucional, las garantías del derecho procesal se vinculan imprescindiblemente a la efectividad del derecho sustancial, puesto que no se trata de agotar ritualismos vacíos de contenido o de realizar las normas de derecho sustancial de cualquier manera.
‘Lo que persigue el principio de prevalencia del derecho sustancial es el reconocimiento de que las finalidades superiores de la justicia no puedan resultar sacrificadas por razones consistentes en el culto ciego a reglas procesales o a consideraciones de forma, que no son estrictamente indispensables para resolver el fondo de los casos que se somete a la competencia del juez’ (BERNAL PULIDO Carlos, El Derecho de los derechos, Universidad Externado de Colombia, pág. 376). La Corte Constitucional de Colombia, en la S-131 de 2002, afirmó que ‘…las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico en lo que atañe a trámites y procedimientos están puestas al servicio del propósito estatal de realizar materialmente los supremos valores del derecho, y no a la inversa. O, en otros términos, las formas procesales no se justifican en sí mismas sino en razón del cometido sustancial al que pretende la administración de justicia’.
- Conclusiones
Conclusivamente podemos decir que el concepto de verdad material en el debido proceso es un aspecto crítico de nuestro sistema de justicia. La verdad material tiene como objetivo la búsqueda de los hechos reales y la evidencia en un caso, a diferencia de los meros tecnicismos legales; sin embargo, es evidente que esta tarea es muy compleja en un contexto socio jurídico en el que el debido proceso garantiza que todas las partes tengan una oportunidad justa de presentar pruebas y argumentos en apoyo de su caso y que cada pretensión tendrá sus propias aristas y sustentos. La búsqueda de la verdad material es esencial para lograr la justicia y garantizar que los veredictos se basen en los hechos reales del caso. En este ensayo, exploraremos la importancia de la verdad material en el debido proceso y cómo impacta el sistema legal.
Este principio juega un papel crítico en el sistema legal. Es la base sobre la que se construye el sistema de justicia. La verdad material se refiere a los hechos reales y la evidencia en un caso, a diferencia de los meros tecnicismos legales. Esto significa que, en un tribunal de justicia, el juez y el jurado deben considerar la evidencia real presentada para tomar una decisión. El ordenamiento jurídico reconoce la importancia de la verdad material, y es un principio fundamental que guía a los tribunales.
Dado el clima político y las aspiraciones de reforma judicial por las que transitamos actualmente, la búsqueda de la verdad en los procesos judiciales y administrativos, puede implicar un papel en el que cualquier ciudadano, al ejercer su derecho a autoidentificarse como acusador público, puede poner en peligro no sólo su propia libertad sino también la carrera de un juez.
De esto, es cierto que debemos entender que el contexto de aristas y vértices que pueden tornar en orbita a la verdad material, finalmente direccionaran cual será la eficiencia de aplicar este principio de manera objetiva y practica en el cosmos de cada proceso judicial o administrativo, dando luces así a los rectores del proceso a que cada vez se pueda dar mayor certeza a quienes buscan justicia.
