El 8 de octubre marca un giro en el sistema migratorio británico: claves, rutas y excepciones de
la nueva normativa
El próximo 8 de octubre entrará en vigor un importante paquete de modificaciones en el sistema
de inmigración del Reino Unido. Formalizado a través del documento oficial Statement of
Changes HC 584, este conjunto de reformas publicado por el Gobierno británico altera de forma
directa las Immigration Rules. Aunque parte de la redacción incluye ajustes puramente técnicos,
el alcance práctico repercutirá directamente en la situación legal y personal de miles de
ciudadanos europeos, sus familias, trabajadores cualificados, víctimas de abusos, residentes de
larga duración e incluso turistas.
Uno de los ejes principales de la reforma afecta al EU Settlement Scheme (EUSS), el mecanismo
diseñado tras el Brexit para garantizar los derechos de la comunidad comunitaria. A partir de la
fecha clave, quienes posean el pre-settled status contarán con mayor margen de protección: el
Home Office podrá permitirles conservar su estatus aun cuando hayan dejado de cumplir con los
requisitos iniciales que permitieron su concesión, siempre que la revocación del permiso resulte
desproporcionada. Esta flexibilización resulta crucial para la transición hacia el settled status
(residencia permanente). Asimismo, para los familiares que se incorporen con posterioridad
(joining family members), el cómputo del plazo para tramitar la primera solicitud del EUSS
podrá vincularse a su última entrada legal al país, una distinción determinante para personas con
entradas múltiples o con expedientes que sufrieron denegaciones previas.
La reforma del EUSS pone un énfasis especial en la unidad y protección de la infancia. Los
menores con pre-settled status cuyos progenitores europeos hayan trabajado o realizado
actividades por cuenta propia en el país podrán conservar su permiso y optar a la residencia
permanente de manera autónoma cuando reúnan las condiciones necesarias. Para garantizar la
efectividad de esta medida, los cambios normativos se extienden a la figura del cuidador
principal del menor, evitando que un eventual problema administrativo o la inestabilidad
migratoria del adulto perjudique el derecho del niño a seguir viviendo y estudiando en territorio
británico. Como contrapunto administrativo dentro del mismo marco del EUSS, se elimina de
manera oficial el procedimiento de Administrative Review específico para esta ruta, una medida
que el Gobierno justifica señalando que la vía ya no admitía nuevos trámites desde abril de 2024
y que los casos pendientes han concluido. No obstante, esta supresión no invalida otros recursos
legales e impugnaciones generales del sistema.
En el ámbito laboral y de los derechos humanos, las nuevas reglas aportan mecanismos de
amparo reforzados para colectivos vulnerables. Los trabajadores que operan bajo la ruta de
Skilled Worker y sean reconocidos formalmente como víctimas de esclavitud moderna por el
National Referral Mechanism (NRM) mediante una resolución de Conclusive Grounds podrán
desvincularse del empleador patrocinador. Esta actualización les permitirá trabajar para una
Entidad distinta, desempeñarse como autónomos o realizar voluntariado durante la vigencia de
su permiso, evitando que la víctima quede atada a la estructura que propició su explotación
(quedando excluidas de este beneficio actividades específicas como el deporte profesional). Del
mismo modo, la ruta para víctimas de violencia doméstica (Victim of Domestic Abuse) amplía
su cobertura para incluir a los hijos dependientes mayores de 18 años, permitiéndoles tramitar su
estatus cuando la relación con el patrocinador principal haya concluido de forma definitiva a
causa de situaciones de maltrato.
Para las personas en vías de obtener la residencia de larga duración, la reforma introduce un
margen de flexibilidad de tipo procedimental. Aquellos solicitantes que opten por la residencia
permanente vía Long Residence y no cumplan con todos los requisitos específicos no sufrirán
una denegación automática de plano: el Home Office evaluará de oficio si el candidato encaja en
las vías del Appendix FM (relativo a la vida familiar) o del Appendix Private Life. Cuando la
solicitud sea reconducida hacia una de estas opciones, no se exigirá el pago de una nueva tasa de
solicitud, si bien el interesado deberá hacer frente al pago del recargo sanitario de extranjería
(Immigration Health Surcharge), salvo en los casos en que aplique una exención formal.
Los cambios tampoco ignoran a los flujos de estancias cortas. La normativa flexibiliza el
catálogo de actividades autorizadas bajo el estatus de visitante, integrando la participación en
programas educativos como Erasmus+, actividades de formación académica, job shadowing,
prácticas de corta duración, así como la asistencia a talleres, debates o competiciones de
habilidades. A pesar de esta apertura, las autoridades aclaran que la visa de visitante no otorga
una autorización genérica para cualquier proyecto, por lo que los viajeros deberán comprobar
que su agenda específica se ajusta al marco regulatorio.
Ante la entrada en vigor de esta serie de decretos, surge una duda habitual respecto a si la
reforma conlleva una subida generalizada de los costes de los trámites. Las autoridades
confirman que las nuevas modificaciones normativas consolidan el incremento de aranceles
fijado por el Home Office, el cual ya se encuentra plenamente vigente. De este modo, la visa de
visitante de hasta seis meses se sitúa en £135, mientras que las de dos, cinco y diez años se fijan
en £506, £903 y £1.128 respectivamente. La autorización electrónica de viaje (ETA) mantiene su
coste de £20 y la visa de estudiante se establece en £558. Por su parte, los servicios
complementarios de agilización conservan sus tarifas habituales de £500 para el Priority Service
y £1.000 para el Super Priority Service
Por último, el calendario de tramitación jugará un papel decisivo en el resultado de los
expedientes. Las disposiciones transitorias establecen que aquellas solicitudes que hayan sido
formalmente presentadas antes del 8 de octubre de 2026 serán evaluadas y resueltas bajo el
marco legal vigente hasta el 7 de octubre de 2026. Por ello, la fecha exacta de registro del
expediente resultará tan importante como el día en que las autoridades dicten la resolución. El 8
de octubre no supone el ajuste de una regla aislada, sino una reestructuración integral que obliga
a comunitarios, trabajadores, familias y visitantes a revisar en detalle sus expedientes para
adaptar su estrategia migratoria a las nuevas exigencias del Reino Unido.
