El asesor de la Asociación de la Prensa y exmiembro del Tribunal Nacional de Ética Periodística, Roberto Méndez, advirtió que la normativa boliviana no garantiza protección efectiva ni resarcimiento a periodistas víctimas de agresiones. Señaló vacíos en el Código Penal, propuso reformas urgentes y alertó sobre el avance del crimen organizado y la corrupción institucional.
Falta de protección efectiva y resarcimiento
Durante una entrevista, Roberto Méndez explicó que, pese a que la Constitución reconoce el derecho a la vida, la libertad y la integridad personal, estos principios no se cumplen plenamente en la práctica cuando se trata de agresiones a trabajadores de la prensa. Recordó que en el último paro se registraron periodistas golpeados, incluso con casos que derivaron en terapia intensiva, sin que exista un mecanismo claro de resarcimiento o cobertura de daños.
Vacíos en el Código Penal
Méndez apuntó directamente al artículo 296 del Código Penal, que sanciona la obstrucción a la labor de la prensa con penas menores a tres años. Según explicó, esta tipificación genera un vacío porque, al no superar ese umbral, no se activa la pena privativa de libertad, lo que deriva en impunidad.
“Estamos en un estado de indefensión frente a quienes nos agreden”, afirmó, al recordar que esta limitación se evidenció en al menos tres casos de los 52 presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluido el denominado caso Las Londras.
Propuesta de reforma legal
El asesor de la Asociación de la Prensa anunció que el sector impulsará un proyecto de reforma para endurecer las penas por agresiones a periodistas y garantizar protecciones reforzadas, considerando que los comunicadores constituyen un grupo vulnerable al estar “en la primera línea” de los hechos noticiosos.
Un problema regional
Méndez subrayó que la violencia contra periodistas no es exclusiva de Bolivia. Señaló que México y Colombia enfrentan escenarios críticos, con muertes, secuestros y asesinatos recurrentes, y advirtió que el país podría transitar hacia esos ejemplos si no se actúa con prontitud.
Crimen organizado y deterioro de la seguridad
El periodista alertó sobre el avance del crimen organizado, particularmente en Santa Cruz, donde —según describió— la realidad cambió drásticamente: de vivir con puertas abiertas a registrar secuestros millonarios, cuerpos mutilados y asesinatos con extrema violencia. Indicó que la región, motor económico del país, también se ha convertido en foco de concentración del delito organizado.
Corrupción institucional
Consultado sobre la penetración del narcotráfico en instituciones del Estado, Méndez fue enfático: la corrupción está “en los tuétanos” de entidades como la FELCC y la FELCN, con antecedentes de policías detenidos con droga y casos históricos de narcopolicías. “Si eso no se supera, difícilmente mejoraremos como país”, advirtió.
Llamado al Gobierno
Finalmente, Méndez convocó a las autoridades nacionales a priorizar la seguridad ciudadana y el combate al crimen organizado como condición indispensable para proteger a la prensa, fortalecer el Estado de derecho y evitar que Bolivia reproduzca escenarios de violencia extrema vistos en otros países de la región
