Por Marco A. Curi Melgar – Periodista
La historia política boliviana demuestra que ningún poder es eterno. Dictaduras abiertas y regímenes autoritarios terminaron cayendo, y con ellos llegó —tarde o temprano— la rendición de cuentas. En las casi dos décadas del régimen del Movimiento al Socialismo (MAS), disfrazado de democracia y sostenido por una breve “primavera” de un año, se acumularon abusos y vulneraciones a los derechos humanos contra opositores y ciudadanos críticos. Hoy, cuando la justicia actúa, quienes ayer ejercían el poder se proclaman perseguidos políticos.
El viejo adagio “el que a hierro mata, a hierro muere” encaja con precisión en la conducta de quienes, desde el MAS, utilizaron el aparato estatal para perseguir, encarcelar y amedrentar con argumentos que rozaron lo absurdo.
Operativos y persecución política
El 12 de marzo de 2021, durante el gobierno de Luis Arce, el entonces ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo encabezó un descomunal operativo para aprehender a la expresidenta Jeanine Áñez, acusada de “terrorismo, sedición y conspiración” por los hechos de noviembre de 2019, que derivaron en la salida de Evo Morales y la asunción de Áñez por sucesión constitucional.
Meses después, el 9 de diciembre de 2021, se repitió el patrón con la aprehensión de Marco Antonio Pumari, imputado por delitos similares. Y el 28 de diciembre de 2022, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho fue emboscado y trasladado al penal de Chonchocoro, en un procedimiento que violentó su investidura como autoridad electa.
A Áñez, Camacho y Pumari se les endilgó un supuesto “golpe de Estado” que nunca existió, narrativa funcional para encubrir el fraude electoral de 2019. En ese libreto, la exdiputada Lidia Patty se erigió como principal acusadora.
El giro judicial
El escenario cambió con el nuevo Gobierno. El 29 de agosto de 2025, Camacho y Pumari recuperaron su libertad tras la revisión de sus casos por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo. Luego, el 5 de noviembre de 2025, Áñez fue liberada tras la anulación de su sentencia de diez años —dictada en junio de 2022 por el denominado “Golpe de Estado II”— debido a vicios procesales: correspondía un juicio de responsabilidades, no la vía ordinaria.
La reapertura del caso Fondo Indígena marcó un nuevo punto de inflexión. El 5 de diciembre, Lidia Patty fue aprehendida y enviada a detención preventiva por 120 días, acusada de recibir 700.000 bolivianos en cuentas personales, recursos destinados a proyectos rurales del ExFondioc. Días después, el 10 de diciembre, Luis Arce fue aprehendido por presunto “incumplimiento de deberes y conducta antieconómica” cuando ejercía como ministro de Economía; un juez dispuso 150 días de detención preventiva.
Finalmente, la madrugada del martes 30 de diciembre, el exministro Eduardo Del Castillo fue aprehendido en el aeropuerto Viru Viru por obstrucción a la labor policial, cuando transitaba rumbo a Chile con destino final China.
Conclusión
La defensa del gobernador Camacho activó denuncias formales contra Arce y Del Castillo por corrupción y atentados contra la integridad física, sumándose a otros procesos derivados del secuestro de una autoridad electa. “La justicia tarda, pero llega”, repiten activistas y líderes de opinión. La lección es clara: ningún abuso de poder debe quedar impune. En Bolivia, la rueda de la historia vuelve a girar.
