INHABILITACIÓN.- El exvocal del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, Saúl Paniagua, atribuyó la inhabilitación de casi el 80% de los más de 34.000 candidatos inscritos para las elecciones subnacionales a la improvisación, falta de organización y ausencia de responsabilidad de partidos y agrupaciones ciudadanas. Advirtió que el sistema político requiere ajustes urgentes, sanciones automáticas y mayor rigor del Órgano Electoral para evitar el “caos” actual.
Improvisación y organizaciones efímeras
La inhabilitación de alrededor de 26.000 candidatos, de un total superior a 34.000 inscritos, no es un hecho aislado ni casual. Para Saúl Paniagua, responde a un problema estructural: organizaciones políticas que nacen únicamente al calor de las elecciones y luego desaparecen.
“Se crean agrupaciones departamentales y municipales solo para participar en un proceso electoral. Después no se sostienen en el tiempo, no alcanzan el 3% y se extinguen”, explicó el exvocal, al señalar que esta práctica se repite elección tras elección.
Datos oficiales y calendario electoral
De acuerdo con la información proporcionada por el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, la cifra de inhabilitados asciende a 26.000 postulantes, mientras que la lista final de candidatos habilitados será publicada el próximo 9 de enero.
Para Paniagua, estas cifras confirman que entre el 60% y 70% de las candidaturas no cumplen los requisitos básicos, lo que evidencia la precariedad organizativa de muchos frentes políticos.
El 3% y la falta de sanciones
Uno de los puntos centrales de la crítica es la ausencia de sanciones efectivas para las organizaciones que no alcanzan el mínimo del 3% de votación, establecido en la normativa electoral.
“Hoy, si una agrupación no llega al 3%, simplemente desaparece y no pasa nada. No hay sanción, ni pecuniaria ni de responsabilidad. Eso no puede seguir así”, sostuvo.
Recordó que los partidos y agrupaciones políticas son instituciones de carácter público, tal como lo establece la Constitución y la Ley de Organizaciones Políticas de 2018, porque intermedian la soberanía del ciudadano. Por ello, afirmó que deben asumir responsabilidades cuando incumplen la ley.
Candidaturas ‘relleno’ y engaño al electorado
Paniagua cuestionó duramente la práctica de buscar personas “a última hora” solo para llenar espacios en las listas, sin estructura ni propuestas reales.
“¿De dónde sacan 5.000 candidatos? Eso es solo llenar espacios. Se afecta directamente la soberanía del ciudadano, que cree en propuestas de organizaciones que no son serias”, afirmó.
Esta improvisación, añadió, provoca que muchas personas electas se crean dueñas del curul, cuando en realidad el escaño pertenece a la organización política, que es el canal de representación ciudadana.
Mandato ciudadano y reelecciones cuestionadas
Otro aspecto crítico señalado por el exvocal es la reinterpretación indebida del derecho a la participación, contemplado en el artículo 26 de la Constitución. Según Paniagua, algunas autoridades electas abandonan el cargo para postular a otro, desconociendo el mandato otorgado por el voto popular.
“Si fui elegido senador, diputado, alcalde o concejal, debo cumplir ese mandato. No puedo decidir a mitad de camino que ya no quiero ser y postular a otro cargo”, enfatizó.
Indicó que esta práctica distorsiona la voluntad del soberano y debería estar claramente reglamentada, obligando a las autoridades electas a cumplir el periodo para el que fueron votadas.
Rol del Órgano Electoral y decisiones urgentes
Finalmente, Saúl Paniagua llamó al Órgano Electoral Plurinacional y a los tribunales departamentales a asumir un rol más firme y permanente en la supervisión de partidos y agrupaciones ciudadanas.
“La depuración debe ser automática. Quien no cumple el 3%, debe salir inmediatamente del sistema político. No se necesita mayor trámite, solo aplicar la ley”, concluyó.
Para el exvocal, la actual inhabilitación masiva no es una sorpresa, sino el resultado de años de permisividad y falta de ajustes, que hoy pasan factura al sistema democrático y a la confianza ciudadana.
