Conversatorio. Periodistas y expertos en Derecho analizaron los desafíos y la necesidad de fortalecer este mecanismo constitucional en Santa Cruz.
Con el objetivo de analizar la vigencia y aplicación del Jurado de Imprenta, la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC) y la Fundación Construir, con el financiamiento de la Cooperación Española, realizaron el Conversatorio “Jurado de Imprenta: Asunto Pendiente de Santa Cruz”, un espacio de reflexión sobre la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en el departamento.
El evento reunió a panelistas de reconocida trayectoria, entre ellos Daniel Castro, vicepresidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANPB); la abogada Katia Romero, diplomada en Derechos Humanos y Derechos Civiles; y un doctor en Derecho Constitucional, miembro del Jurado de Imprenta en la ciudad de Santa Cruz, quienes aportaron miradas jurídicas y periodísticas sobre este mecanismo contemplado en la normativa boliviana.
Un mecanismo constitucional aún pendiente
Durante el conversatorio, los expositores coincidieron en que el Jurado de Imprenta es una herramienta fundamental para proteger la labor periodística y garantizar que los procesos vinculados a presuntos delitos de imprenta se tramiten conforme a la Constitución y a la Ley de Imprenta, evitando la judicialización indebida del trabajo de los medios de comunicación.
Asimismo, se abordaron las dificultades para su plena implementación en Santa Cruz, los vacíos institucionales existentes y la necesidad de voluntad política e institucional para su fortalecimiento, en un contexto marcado por crecientes tensiones entre autoridades y prensa.
Compromiso con la libertad de expresión
Los organizadores destacaron que este tipo de espacios busca sensibilizar a periodistas, abogados y autoridades, además de promover el respeto a la libertad de expresión y de prensa, pilares fundamentales de la democracia.
El conversatorio forma parte de una serie de actividades impulsadas por la APSC y la Fundación Construir, con el apoyo de la Cooperación Española, orientadas a fortalecer el Estado de derecho, el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales en Bolivia.
